La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia inadmitió una demanda de casación en un proceso por fraude procesal tras advertir que el escrito presentado por la defensa habría sido elaborado mediante herramientas de inteligencia artificial, sin cumplir los estándares técnicos exigidos para este tipo de recursos extraordinarios.

La decisión, adoptada el 11 de febrero de 2026, marca un nuevo episodio en el creciente debate judicial sobre el uso de IA generativa en la práctica profesional del derecho.

El caso

El proceso tiene como protagonista a Amanda Duque Arbeláez, quien fue condenada por fraude procesal luego de iniciar un juicio de prescripción adquisitiva de dominio sobre un apartamento en Cali.

Según los tribunales, la acusada declaró bajo juramento que desconocía el domicilio del propietario del inmueble, lo que permitió que el proceso continuara mediante el mecanismo de emplazamiento y designación de curador ad litem.

Sin embargo, posteriormente se estableció que el propietario era su propio arrendador, por lo que la justicia entendió que sí conocía su paradero. Sobre esa base fue condenada a 72 meses de prisión, además de multa e inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas.

La defensa acudió entonces a la casación ante la Corte Suprema.

El punto central: una demanda generada por IA

Al analizar la admisibilidad del recurso, la Corte detectó irregularidades en la redacción del escrito presentado por el abogado defensor.

El tribunal sometió el documento a herramientas de detección de contenido automatizado, entre ellas Winston AI y Copyleaks, cuyos resultados indicaron que el texto presentaba solo un 7% de contenido humano y una probabilidad del 100% de haber sido generado mediante inteligencia artificial.

Según la Corte, el documento reproducía sugerencias generales o recomendaciones típicas de herramientas de IA, sin transformarlas en verdaderos cargos de casación.

En palabras del tribunal, el defensor “optó por reproducirlas sin más”, omitiendo la formulación técnica exigida por el recurso extraordinario.

Un recurso extraordinario con exigencias estrictas

La Corte recordó que la casación penal no es una tercera instancia, sino un recurso excepcional destinado a corregir errores jurídicos graves.

Por esa razón, quien recurre debe identificar con precisión el tipo de error atribuido a la sentencia, indicar la causal correspondiente y desarrollar una argumentación técnica que permita a la Corte revisar el fallo.

En este caso, el escrito no cumplía esos requisitos.

Entre otras falencias, el tribunal señaló que:

• el defensor seleccionó incorrectamente la causal de casación,

• no integró la proposición jurídica completa,

• y planteó cuestionamientos probatorios mediante una vía jurídica inadecuada.

Ante estas deficiencias, la Corte concluyó que la demanda no podía considerarse presentada en debida forma, lo que llevó a su inadmisión.

IA en el ejercicio profesional del derecho

El fallo no prohíbe el uso de inteligencia artificial en el trabajo jurídico, pero sí deja un mensaje claro: la responsabilidad profesional del abogado no puede delegarse en herramientas automatizadas.

Para el tribunal, el problema no fue la utilización de tecnología en sí misma, sino el hecho de que el escrito presentado carecía de elaboración jurídica propia y no cumplía las exigencias del recurso.

El caso se suma a una tendencia creciente en distintos países: los tribunales comienzan a examinar cómo se usan las herramientas de IA en la práctica forense, especialmente cuando su utilización impacta en la calidad técnica de los escritos.

Un precedente en el debate legal-tech

Aunque el proceso penal continuará su curso por otras vías procesales, la decisión abre un debate relevante para la profesión jurídica.

La resolución muestra que el uso de IA en el litigio no es neutral: puede ser una herramienta útil, pero también un riesgo si se reemplaza el análisis jurídico por contenido generado automáticamente.

En ese contexto, la decisión de la Corte Suprema colombiana aparece como un precedente temprano sobre los límites del uso de inteligencia artificial en el ejercicio profesional del derecho.

Por qué importa: 

El caso refleja un fenómeno cada vez más frecuente en la práctica jurídica: el uso de herramientas de inteligencia artificial para redactar escritos judiciales. La decisión de la Corte Suprema colombiana no cuestiona el uso de estas tecnologías en sí mismo, pero deja en claro que su utilización no exime a los abogados de cumplir con los estándares técnicos y argumentativos propios del ejercicio profesional.

En ese sentido, el fallo introduce una advertencia relevante para el litigio en la era de la IA: las herramientas generativas pueden asistir en la elaboración de documentos, pero no reemplazan el análisis jurídico ni la responsabilidad del profesional que firma el escrito.

Más ampliamente, la resolución se inscribe en un debate que comienza a instalarse en distintos sistemas judiciales: cómo deben integrarse las tecnologías de inteligencia artificial en la práctica forense sin afectar la calidad técnica de los argumentos ni el funcionamiento del proceso judicial. En ese cruce entre innovación tecnológica y rigor jurídico es donde empiezan a aparecer nuevas reglas del juego para la profesión.

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